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*El silencio forzado: La batalla del periodismo venezolano por la verdad*
Por: lapatilla.com
Desde los tiempos de Hugo Chávez, ejercer el periodismo en Venezuela ha significado un riesgo por los ataques y señalamientos contra los profesionales de la comunicación, cuya labor es interpretada por el gobierno como un agravio. A partir de la asunción de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, la situación se ha tornado mucho más hostil para los periodistas. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución contra los trabajadores de la prensa independiente no han cesado, convirtiéndose esta profesión de alto riesgo.
Luego de los resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, muchos ciudadanos expresaron su malestar protestando en las calles. Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló en un informe que al menos ocho periodistas fueron detenidos en el contexto de las protestas poselectorales, enfrentando acusaciones de “terrorismo” e “instigación al odio”. Aunque algunos periodistas fueron excarcelados en diciembre del año pasado, la puerta giratoria del régimen chavista no se detuvo, y en un periodo de cinco meses, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha contabilizado 11 detenciones arbitrarias.
Para la secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, la situación que viven los periodistas venezolanos es cada vez más crítica, ya que, a su juicio, la criminalización del ejercicio periodístico es más que evidente, a pesar de ser un derecho establecido en la Constitución. Pero no solo se trata de la judicialización contra los periodistas, sino cómo esta situación afecta a la ciudadanía, pues se vulnera su derecho a recibir información oportuna y veraz, lo que también está establecido en la Carta Magna.
“La libertad de expresión y la libertad de opinión son derechos que están criminalizados en este momento en Venezuela y tienen que ver con el ejercicio libre del periodismo. Hay que destacar que si los periodistas no pueden ejercer libremente y se les niega información si no pueden opinar, si no pueden recabar información, darle cobertura a las protestas, a las distintas opiniones y las distintas voces que existen en un país, no se puede hablar de verdadera democracia”, asegura Canelón.
Detenciones arbitrarias
La gremialista se refirió a los arrestos arbitrarios que han sufrido algunos comunicadores sociales y mencionó casos como el de Gabriel González y Carlos Julio Rojas, detenidos antes de las elecciones, y que fueron víctimas de desaparición forzada. Igual ocurrió con Nakari Ramos y su esposo, que en un principio no tuvieron comunicación con sus familiares y fue después de un tiempo que se conoció que habían sido detenidos.
En el caso de Ramos, sigue detenida y el Tribunal 1° de Control del Área Metropolitana de Caracas, ordenó privativa de libertad y pase a juicio. Las condiciones de su encarcelamiento son terribles, pues no tienen acceso a las visitas de sus familiares: ellos solamente pueden verla cuando le llevan ropa y artículos personales.
En el caso de Gabriel González y Carlos Julio Rojas también han ocurrido irregularidades en el proceso judicial, pues aunque son asistidos por abogados privados, el tribunal impidió la juramentación de estos y les impuso defensores públicos.
Al ser consultada acerca de las acciones que ha tomado el CNP en defensa de los periodistas detenidos, Canelón es enérgica al afirmar que siguen denunciando públicamente, haciendo presión para ver si alguien del Gobierno “se le ablanda el corazón”, ya que asegura que en el país no existen instituciones que actúen ante estas denuncias. Por tal razón, han acudido a algunas instancias internacionales para denunciar y sustanciar las violaciones a los derechos humanos de los periodistas, tales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por: lapatilla.com
Desde los tiempos de Hugo Chávez, ejercer el periodismo en Venezuela ha significado un riesgo por los ataques y señalamientos contra los profesionales de la comunicación, cuya labor es interpretada por el gobierno como un agravio. A partir de la asunción de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, la situación se ha tornado mucho más hostil para los periodistas. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución contra los trabajadores de la prensa independiente no han cesado, convirtiéndose esta profesión de alto riesgo.
Luego de los resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, muchos ciudadanos expresaron su malestar protestando en las calles. Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló en un informe que al menos ocho periodistas fueron detenidos en el contexto de las protestas poselectorales, enfrentando acusaciones de “terrorismo” e “instigación al odio”. Aunque algunos periodistas fueron excarcelados en diciembre del año pasado, la puerta giratoria del régimen chavista no se detuvo, y en un periodo de cinco meses, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha contabilizado 11 detenciones arbitrarias.
Para la secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, la situación que viven los periodistas venezolanos es cada vez más crítica, ya que, a su juicio, la criminalización del ejercicio periodístico es más que evidente, a pesar de ser un derecho establecido en la Constitución. Pero no solo se trata de la judicialización contra los periodistas, sino cómo esta situación afecta a la ciudadanía, pues se vulnera su derecho a recibir información oportuna y veraz, lo que también está establecido en la Carta Magna.
“La libertad de expresión y la libertad de opinión son derechos que están criminalizados en este momento en Venezuela y tienen que ver con el ejercicio libre del periodismo. Hay que destacar que si los periodistas no pueden ejercer libremente y se les niega información si no pueden opinar, si no pueden recabar información, darle cobertura a las protestas, a las distintas opiniones y las distintas voces que existen en un país, no se puede hablar de verdadera democracia”, asegura Canelón.
Detenciones arbitrarias
La gremialista se refirió a los arrestos arbitrarios que han sufrido algunos comunicadores sociales y mencionó casos como el de Gabriel González y Carlos Julio Rojas, detenidos antes de las elecciones, y que fueron víctimas de desaparición forzada. Igual ocurrió con Nakari Ramos y su esposo, que en un principio no tuvieron comunicación con sus familiares y fue después de un tiempo que se conoció que habían sido detenidos.
En el caso de Ramos, sigue detenida y el Tribunal 1° de Control del Área Metropolitana de Caracas, ordenó privativa de libertad y pase a juicio. Las condiciones de su encarcelamiento son terribles, pues no tienen acceso a las visitas de sus familiares: ellos solamente pueden verla cuando le llevan ropa y artículos personales.
En el caso de Gabriel González y Carlos Julio Rojas también han ocurrido irregularidades en el proceso judicial, pues aunque son asistidos por abogados privados, el tribunal impidió la juramentación de estos y les impuso defensores públicos.
Al ser consultada acerca de las acciones que ha tomado el CNP en defensa de los periodistas detenidos, Canelón es enérgica al afirmar que siguen denunciando públicamente, haciendo presión para ver si alguien del Gobierno “se le ablanda el corazón”, ya que asegura que en el país no existen instituciones que actúen ante estas denuncias. Por tal razón, han acudido a algunas instancias internacionales para denunciar y sustanciar las violaciones a los derechos humanos de los periodistas, tales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
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